N O T I C I A S:

Otras cuatro constructoras brasileñas investigadas por US$ 4,609 millones en contratos

martes, 17 de enero de 2017

El Ministerio Público y el Poder Judicial evalúan, por lo menos, 28 informes elaborados por la Contraloría General de la República sobre concesiones que obtuvieron en el Perú cinco de las empresas vinculadas al caso de corrupción conocido como Lava Jato, entre las que se encuentran Camargo Correa, OAS, Andrade Gutierrez y Queiroz Galvao.
Las cuatro constructoras brasileñas lograron concesiones por 4 mil 609 millones de dólares entre 2004 y 2015.
“No es solamente Odebrecht”, explicó el contralor general, Édgar Alarcón Tejada, a La República, consultado por los tentáculos del caso Lava Jato en el Perú.
Los resultados de los informes de Contraloría serán presentados por Alarcón a la Comisión Lava Jato del Congreso entre el miércoles y el jueves de esta semana. “Entre todas (las empresas), sobrepasan fácilmente los 40 contratos en los últimos 15 años y en Contraloría tenemos alrededor de 28 auditorías con valiosa información”, detalló Alarcón.
Camargo Correa, una de las empresas constructoras más grandes de Brasil, ganó la buena pro en el Perú de proyectos por 987 millones de dólares entre el 2004 y el 2011. Uno de más importantes es la Interoceánica Sur Tramo 4, que elevó su inversión estimada inicial en 171 %, al pasar de 244 millones de dólares a 662 millones de dólares. Obtuvo la concesión de esa obra en consorcio con las también investigadas Andrade Gutierrez y Queiroz Galvao.
En Brasil, Camargo Correa optó por negociar acuerdos de colaboración con las autoridades, según reveló la revista Veja en su edición de la última semana. En la delación participarían 40 ejecutivos de la constructora. Al menos dos de ellos, Dalton Avancini y Eduardo Leite, ya tienen firmados acuerdos de delación premiada –confesiones a cambio de beneficios judiciales– y revelaron pagos de coimas en contratos con Electrobras, Petrobras y Electronuclear.

Con nombre y apellido

El domingo pasado, La República reveló que en el marco de las investigaciones del caso Lava Jato, el fiscal anticorrupción Hamilton Castro Trigoso obtuvo información sobre transferencias de dinero presuntamente vinculado a Camargo y Correa, a una cuenta en Reino Unido de la empresa Trailbridge Ltda, que le pertenece al empresario y financista del ex presidente Alejandro Toledo, Josef Maiman. La transferencia sería una coima de Camargo Correa por la obra Carretera Interocéanica 4, según adelantó el fiscal Castro en conferencia de prensa la semana pasada.
La constructora OAS, por su parte, ganó la buena pro de obras públicas en el Perú por 1,224 millones de dólares entre el 2009 y 2013.
Entre otros proyectos, se encargó de la construcción del Centro de Convenciones de Lima, la sede de la Junta de Gobernadores del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), en octubre de 2015.
En Brasil, el ex presidente de OAS Léo Pinheiro fue sentenciado a 16 años y 4 meses de prisión por delitos de corrupción, lavado de dinero y crimen organizado en agosto del 2015. La misma sentencia recibió el ex director del área internacional de OAS Agenor Franklin Magalhães, mientras que otros ejecutivos de esa empresa recibieron entre cuatro y 11 años de cárcel
Pinheiro y el Ministerio Público de Brasil iniciaron negociaciones para una colaboración eficaz en marzo del 2016, pero en agosto quedaron suspendidas por orden del Procurador General de Brasil, Rodrigo Janot. Hasta la fecha, Pinheiro está fuera del proceso de colaboración eficaz.
“Si los directivos y funcionarios de las constructoras brasileñas son condenados por haber pagado sobornos para obtener obras públicas, corresponde investigar en nuestro país las actividades de dichas empresas, más aún si existen informes de la Contraloría sobre presuntas irregularidades”, dijeron fuentes del Ministerio Público relacionadas con el caso Lava Jato.
Cuando estalló el escándalo de corrupción, en un principio las constructoras negaron haber pagado coimas, pero conforme avanzaron las investigaciones, en algunos casos, aceptaron confesar.

El mismo estilo

La firma Queiroz Galvao ganó la buena pro de ocho proyectos en el Perú por 1,018 millones de dólares entre 2005 y 2014.
En Brasil, el ex presidente y el ex director de la compañía Colares Filho y Othon Zanoide de Moraes, respectivamente, son acusados de pagar coimas para asegurarse negocios con la petrolera estatal Petrobras, además de vincularse con terceros para inflar costos y obtener mayores ganancias con las licitaciones. Ambos tienen prohibido salir de Brasil, son obligados a usar tobillera electrónica y asistir a todos los actos del proceso a los que sean llamados.
Colares Filho es acusado por la Policía Federal de lavado de dinero, corrupción, organización criminal y por querer obstruir la operación policial Lava Jato.
Entre las principales obras ejecutadas por Queiroz Galvao en el Perú están la avenida Néstor Gambeta, en 2014, por más de 278 millones de dólares, en consorcio con la constructora Andrade Gutierrez.
La Contraloría auditó el proyecto y encontró al menos cinco irregularidades, por lo que derivó un informe a la Fiscalía Anticorrupción del Callao, que aun investiga el caso de presunta corrupción, según confirmaron fuentes del Ministerio Público a este diario.
La Fiscalía Anticorrupción del Callao incluyó al gobernador de esa jurisdicción, Félix Moreno, y a otros diez funcionarios en las investigaciones.

Al fondo hay sitio

En setiembre de 2016, el ex presidente de la contratista brasileña Andrade Gutierrez, Otávio Marques de Azevedo, y un ex funcionario de la misma casa, Flavio David Barra, fueron sentenciados por el Séptimo Juzgado Penal Federal a 18 y 15 años de prisión domiciliaria, respectivamente, por los delitos de blanqueo de dinero, cohecho y participación en una organización delincuencial.
Marques de Azevedo y David Barra fueron encontrados culpables de irregularidades en torno al caso Lava Jato. En el Perú, la firma brasileña logró contratos por 1,199 millones de soles, y obtuvo, en consorcio con Odebrecht y Graña y Montero, la concesión de la Interoceánica Norte por 258 millones de dólares.
“El esquema de corrupción no fue exclusivo de Odebrecht sino de otras constructoras brasileñas más, varias de las cuales obtuvieron millonarios contratos en Perú. Esperamos que con las confesiones de los que se han acogido a la llamada ‘delación premiada’, en nuestro país establezcamos si dichas prácticas ilegales se aplicaron para la obtención de contratos con el Estado”, informaron las fuentes del Ministerio Público.
La mayoría de auditorías de la Contraloría han identificado dos formas de probable corrupción: en el proceso de adjudicación de las obras públicas mediante el llamado “direccionamiento de la licitación”, y durante la ejecución de las obras al incrementar sucesivamente el monto original con las llamadas “adendas” a los contratos.
“Se pagaban sobornos para ganarse sin mérito una obra pública o para sobrevalorar los costos del proyecto”, precisaron las fuentes.

Bajo la lupa

Contratos. Las cuatro constructoras brasileñas investigadas por La Contraloría –Camargo Correa, OAS, Andrade Gutierrez y Queiroz Galvao– han ejecutado obras en los sectores de Transporte y Comunicaciones, Vivienda y Construcción, Energía, Agricultura y gobiernos regionales y locales.

En cifras

4 mil millones de dólares es la inversión del Estado peruano en concesiones otorgadas a empresas brasileñas vinculadas al caso Lava Jato.
171% más de la inversión estimada inicial se destina en el tramo 4 de la Interoceánica Sur a cargo de las constructoras Andrade Gutierrez, Camargo Correa y Queiroz Galvao. (La República)
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