N O T I C I A S:

Susana Castañeda liderará grupo de jueces para Lava Jato

martes, 17 de enero de 2017

La jueza superior titular de Lima, Susana Castañeda Otsu, se encargará de coordinar el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción creado para atender el caso Lava Jato en el Perú.
Castañeda Otsu asumirá esta función por decisión del presidente del Poder JudicialDuberlí Rodríguez Tineo, tal como lo anunció en su discurso de apertura del año judicial.

Sistema anticorrupción

El Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios fue creado en el Decreto Legislativo 1307. Debe entrar en funciones en 90 días.
Sin embargo, el doctor Duberlí Rodríguez quiere que todo esté listo dentro de una semana, ante cualquier eventualidad.
El Sistema Nacional Anticorrupción actuará y será independiente de la Sala Penal Nacional. Se le considera una reedición mejorada del subsistema anticorrupción que se creó el año 2000 para investigar y juzgar la red de corrupción de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.Está compuesto por Salas y Juzgados Anticorrupción con competencia nacional, además de los juzgados y salas especializadas en la materia de cada distrito judicial.
Además, conocerá los procesos penales de los ilícitos cometidos por una organización criminal, siempre que el delito o sus efectos tengan repercusión nacional o internacional o den lugar a un proceso complejo, debiendo verificarse dichas circunstancias en cada caso.
Probablemente la sede de este subsistema judicial se ubique en la sede Carlos Zavala Loayza, al costado de Palacio de Justicia, junto a los juzgados anticorrupción de Lima.

Fortaleza

"La idea de este sistema especial, según explicó el doctor Rodríguez, será ordenar y optimizar los órganos jurisdiccionales para confrontar los grandes casos de corrupción con eficacia. En ese sentido, estableceremos una Coordinación Nacional que se encargue de gestionar en términos especializados y de manera óptima la tramitación de los procesos por delitos de corrupción a través de órganos jurisdiccionales especializados y concentrados".
De tal manera que solo los casos grandes y de real repercusión nacional vengan a Lima. Los casos locales se verán en cada distrito judicial para no violar el principio del juez natural.
"Es imperioso instituir una coordinación nacional anticorrupción para los niveles superior y primera instancia, a cargo de un juez superior titular con experiencia en procesos contra la administración pública y con competencia de liderazgo y gestión pública", dijo el presidente del PJ.
Agregó que esta coordinación, entre otras actividades, tendría a cargo el monitoreo de los procesos por delitos de corrupción a nivel nacional, control de las estadísticas y sugerencias para un mejor funcionamiento de estos órganos jurisdiccionales.

La superjueza

Susana Castañeda es una magistrada de amplia experiencia en la magistratura. Actualmente preside la Sala Penal de Apelaciones y es la coordinadora de los juzgados anticorrupción de Lima.
Castañeda integró el tribunal que condenó al ex ministro Aurelio Pastor Valdiviezo por tráfico de influencias, aunque la condena fue luego anulada por la Corte Suprema.
Antes también ha integrado la Sala Penal Nacional y ha visto casos de terrorismo y violación de derechos humanos. Hoy tendrá una ceremonia en la que se darán a conocer los avances en los casos anticorrupción con el nuevo Código Procesal Penal.
El doctor Rodríguez le ha pedido que haga una selección y proponga a los jueces de investigacion preparatoria y juzgamiento que integran el nuevo sistema anticorrupción.

Eficiencia y pruebas

(*)Duberlí Rodríguez
Presidente del PJ
El Poder Judicial se va a preparar para estar a la altura de las circunstancias (en el caso Lava Jato). La ciudadanía nos pide eficiencia, (...) pero ¿quién pone la eficacia en el proceso penal? A mi juicio, la pone la Fiscalía y ello supone acopiar pruebas de cargo. Solo si las pruebas de la acusación destruyen la presunción de inocencia, habrá condena. Si las pruebas son insuficientes, habrá absolución.
Una elección política se gana con votos, es un tema de mayorías; un proceso judicial se gana con pruebas. Una sentencia no la hacen las encuestas. No hay nada peor que el derecho penal electoral, el derecho penal no es un tema de mayorías, que sí lo es la política.
Toda la población puede querer una condena, pero si no hay prueba de cargo suficiente, el juez absolverá, y si toda la población quiere que absuelvan al acusado, pero si la Fiscalía aporta prueba de cargo suficiente, habrá condena. (La República)
(*) Del discurso de apertura del año judicial 2017.
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