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OPINIÓN. De las palabras a la acción, por Juan José Garrido

domingo, 12 de febrero de 2017

De las palabras a la acción, por Juan José Garrido
Hace unos días, en “¿Y Keiko?”, comenté los vaticinios de algunos fujimoristas sobre el futuro del gobierno ppkausa, y discutí sobre la idoneidad de este partido político para asumir y liderar, en dicha coyuntura (eventual y remota, por cierto), los destinos del país.
Las reacciones al interior del fujimorismo fueron mixtas, hasta donde tengo entendido. Por un lado, la cúpula desmiente la premisa central; lejos de soñar con la caída del gobierno, se sienten comprometidos con resguardar el orden democrático. Por otro lado, las bases encontraron en el artículo un punto de apoyo en sus deseos políticos. En redes, sobre todo, se discutía la separación entre la cúpula y las bases fujimoristas, y se le exigía a Keiko Fujimori mayor liderazgo, presencia, comunicación.
Cierto, en mi artículo no distingo entre los deseos y objetivos de la cúpula y aquellos de las bases; y, por supuesto, pueden ser distintos. Pero esa separación de intereses eventualmente convergerá, y no serán las bases las que den su brazo a torcer. En otras palabras, si bien es creíble que la cúpula se podría sentir comprometida con proteger el orden democrático, tampoco la imagino poniendo la mano para coger un cuchillo cayendo (un escenario hipotético en el cual, por ejemplo, el gobierno se vea inmerso en un caso de corrupción).
Dicho esto, estas ambigüedades al interior del partido fujimorista plantean otra pregunta: si en verdad la cúpula fujimorista desea congraciarse con las demandas democráticas, ¿por qué no aprovechar la coyuntura para avanzar aquellas reformas que protejan el sistema, a la par de reducir el margen de discrecionalidad del Estado peruano?
De hecho, ayer, en breve entrevista para un medio local de Ica, la Sra. Fujimori sostuvo que era necesario aplicar la justicia “caiga quien caiga” y que lo importante era “que esto no vuelva a ocurrir hacia el futuro”. Se refirió, por supuesto, a la comisión legislativa que investiga el caso Lava Jato, lo cual está muy bien. Como bien sabemos, una de las funciones del Congreso es fiscalizar, pero la más importante es legislar. Si la lideresa del fujimorismo desea, de verdad, que no vuelvan a ocurrir casos como el de las corruptas empresas constructoras (o como los de los noventa), pues bien pueden avanzar una agenda de mejora institucional y anticorrupción que los lleve de las palabras a la acción.
Sin tomar en consideración la prioridad o la secuencia, pienso que al menos diez temas pueden ser puestos en la agenda legislativa.
Primero, la bicameralidad del Congreso. Una cámara facilita la discreción y facilita la aprobación de normas excepcionales que simplifiquen las corruptelas; dos cámaras permitirían por un lado el debate (sea de un proyecto político o de obra pública), mientras la otra podría servir como espacio de reflexión y ratificación eventualmente.
Segundo, brindar mayor independencia a la Procuraduría. El gobierno, sea este u otro, no puede ser percibido como agente protector de corrupción.
Tercero, avanzar una agenda legislativa específica contra la corrupción, una que permita facilitar los trámites, acelerar los procesos y transparentarlos, de tal forma que la justicia sea íntegra, expedita y eficiente.
Cuarto, reformar el sistema de obras por impuestos, asociaciones público-privadas y demás ejemplos que involucren el uso de recursos públicos (de una u otra manera). Igual que en la parte procesal de la justicia, mayor transparencia e integridad es necesaria.
Quinto, apoyar la reducción de las regulaciones y de la capacidad discrecional del Estado que impulsa actualmente el gobierno ppkausa. Discutir, por ejemplo, la reducción de ministerios (¿necesitamos 19?), de organismos, debatir la estructura y orden regional, entre otros.
Sexto, una revisión (y eventual reforma) de los códigos procesales referidos a corrupción y lavado de activos.
Séptimo, fortalecer la libertad de prensa, expresión e información. Descriminalizar, por ejemplo, los delitos de difamación, de tal forma que los corruptos no los utilicen como un mecanismo de autocensura.
Octavo, el uso de cláusulas anticorrupción en todos los procesos y contratos en los que participa el Estado; esto, como es obvio, debería ser obligatorio.
Noveno, deberíamos incentivar y facilitar la colaboración eficaz, así como la protección de los denunciantes (los famosos “whistleblowers”). Desde la prensa somos testigos de cómo pueden ayudar a desenmascarar a autoridades corruptas.
Finalmente, promocionar la cultura de la transparencia, del “dar cuenta de”.
Si el fujimorismo quiere liderar desde el Congreso una batalla frontal contra la corrupción que, finalmente, consolide nuestras instituciones democráticas, eso pasa por actuar en concordancia, promoviendo debates y leyes, alejándose así de la demagogia y el populismo del que se le acusa.
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