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OPINIÓN. Nacionales deportados por decreto, por Juan Alvarez Vita

martes, 28 de febrero de 2017


Nacionales deportados por decreto, por Juan Alvarez Vita (Diario El Comercio)
Nadie podría dejar de reconocer los méritos de la mayoría de los decretos legislativos que aprobó el Ejecutivo. Sin embargo, una excepción que pasó desapercibida es el Decreto Legislativo 1350 relativo a las migraciones que entrará en vigencia el 1 de marzo. 
Si bien esta disposición contiene aspectos positivos como permitir el acceso de extranjeros a cargos en la administración del Estado, así como una marcha administrativa más ágil, resulta muy preocupante la inclusión de ciertas figuras contrarias al goce de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución y los tratados internacionales ratificados por el Estado Peruano.
Así, por ejemplo, sea por carencia de claridad, fallas de redacción o por otras razones que convendría aclarar y rectificar, el artículo 50 de la mencionada disposición legal ha restaurado la pena de destierro para personas de nacionalidad peruana.
La historia de los regímenes de deportaciones fue una constante en nuestra historia. Durante el siglo pasado, el derecho a que una persona no sea deportada de su propio país fue recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y, posteriormente, por una serie de tratados internacionales, todos ellos ratificados por el Perú (como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial). En el campo interno, ello fue establecido en la Constitución de 1979 y también en la de 1993.
No obstante, el Código Penal peruano de 1991, contrariando la Carta Magna de 1979 y los mencionados tratados, incluyó la pena de expatriación para nacionales. Recuerdo que en un artículo publicado en este Diario por aquel entonces señalé esta incongruencia jurídica. Los diplomáticos peruanos no teníamos cómo explicar en los foros de la ONU y de la OEA esta anomalía que deterioró nuestra imagen internacional durante 18 años, hasta que se promulgó la Ley 29460, del 27 de noviembre del 2009, que derogó la pena de deportación para los nacionales. ¡Ojalá que en esta oportunidad el Perú no deje pasar dos décadas para enmendar este grave error que puede tener peligrosas consecuencias jurídicas en el campo de los derechos humanos!
Pero la figura de la deportación no es el único desaguisado que aparece en el mencionado decreto legislativo. Quizás con la idea de acelerar aspectos procesales, la norma ha establecido que las resoluciones de la Superintendencia Nacional de Migraciones son de ejecución inmediata, contrariando así disposiciones expresas de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, de la que el Perú es parte y que dispone la obligatoriedad de establecer una instancia adicional que permita su impugnación. 
Se omite también dar cumplimiento a varias obligaciones contraídas por el Perú al ser parte de la Convención sobre los Derechos del Niño. Deroga, además, parte de la Ley del Notariado que ya no tenía vigencia en virtud de una ley anterior. 
Por otra parte, el citado decreto legislativo viola la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, pues solo ha sido refrendado por el ministro del Interior, mas no así por el de Relaciones Exteriores como corresponde. Hay, pues, muchas cosas que enmendar no solo para restablecer la legalidad, sino por razones de buena imagen en el exterior y, principalmente, para evitar que se use un texto abiertamente ilegal para violar los derechos humanos de los peruanos.
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