N O T I C I A S:

Proveedores sancionados siguen contratando gracias a jueces

lunes, 20 de febrero de 2017

145 empresas sancionadas por el Tribunal de Contrataciones del Estado por haber violado la Ley de Contrataciones del Estado pueden seguir haciendo negocios en el sector público gracias a las medidas cautelares obtenidas en el Poder Judicial y que dejan sin efecto las inhabilitaciones de la institución sancionadora.
Un caso ilustrativo es el de la empresa Correos del Perú S.A. En los últimos diez años, esta ha contratado con el Estado, por servicios de Courier y mensajería, 67 millones y medio de soles pese a que fue sancionada por primera vez en el 2010 por haber ganado una licitación con base en documentos falsos. Una medida cautelar presentada en el sexto Juzgado Civil de Junín le permitió seguir presentándose y ganado más licitaciones con más documentos falsos.
Correos del Perú ha acumulado hasta el momento cuatro sanciones del tribunal y en cada una de ellas se amparó en medidas cautelares para seguir presentándose. Desde su primera sanción en el 2010 hasta hoy, ha ganado 151 contratos con el Estado.
Otro caso es el de Surgical Medical SRL (SURGIMED), al que OSCE sancionó en el 2003 y que presentó una medida cautelar que está vigente hasta hoy. Surgimed, dedicada a la venta de productos médicos, ganó en estos catorce años 968 contratos con instituciones médicas del estado por más de 20 millones de soles. El proceso contencioso se encuentra en manos de la Primera Sala Especializada en lo Contencioso administrativo de Lima.
“Esta es una preocupación para nosotros como sociedad y que se vincula a la corrupción. Es que ante nuestros procedimientos sancionadores, los proveedores en forma simultánea, o a veces hasta antes que sancionemos, ya están solicitando una medida cautelar y los juzgados aceptan el pedido mientras dure el proceso judicial que revisará la decisión del tribunal. Esto significa suspender la sanción y siguen contratando con el Estado”, explica el presidente del Tribunal de Contrataciones con el Estado, Héctor Inga Huamán.
A pesar de que en el 2014 la Ley de Contrataciones del Estado estableció que las entidades públicas tienen la obligación de fiscalizar todas las propuestas de los ganadores de la buena pro, esto no se cumple. Casi la totalidad de procesos abiertos por OSCE se debe a denuncias de ciudadanos o competidores que ponen en alerta al organismo supervisor de las infracciones cometidas por ganador.
“Normalmente el proceso sancionador se inicia por la denuncia de un tercero y en menor medida por la entidad contratante a pesar de que tienen la obligación de verificar los documentos, pero no lo están cumpliendo”, dijo Inga.
Cada año, el Estado contrata un promedio de 60 mil proveedores para que le brinden servicios o abastezcan de bienes. El 2016, el OSCE sancionó a 1,485 proveedores por incumplir la Ley de Contrataciones. De estos, 912 (62 %) fueron sancionados por haber presentado documentos falsos o entregado información inexacta en el procedimiento.
La segunda infracción más recurrente cometida por los proveedores es el incumplimiento del contrato. El 2016, a 210 empresas proveedoras se les tuvo que resolver el contrato por no cumplir con lo requerido. 187 fueron sancionadas por no mantener su oferta hasta el consentimiento de la buena pro y por decidir injustificadamente no firmar el contrato que ganó.

“La entidad pública tiene que defenderse de las cautelares”

Para el juez supremo integrante de la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte SupremaHéctor Lama More, un juez puede otorgar una medida cautelar solo escuchando a una parte, pero una vez dictada y notificada, el demandado puede oponerse a la cautelar y hasta conseguir que quede sin efecto si logra convencer al juez, si no lo logra, puede acudir a una segunda instancia.
“La entidad pública tiene que defenderse y hacer valer su derecho. La ley permite que el demandante solicite la medida cautelar en protección  de su pretensión y podría ser una medida cautelar buena o equivocada. A quien le corresponde desvirtuarla y hacerle notar al juez que la medida es incorrecta es el demandado, y si el juez no atiende su pedido, puede apelar ante la sala superior. Hay caminos que andar. Las medidas cautelares no son la última palabra", expresó el juez Lama. (Diario La República)
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